La policía judicial irrumpía ayer en la sede de Radiotelevisión Valenciana buscando pruebas de presuntas irregularidades relativas a una de las ramificaciones del Caso Gurtel, en concreto la que atañe a como se gestionó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Se investiga la contratación de la empresa Teconsa para el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con este acontecimiento. La noticia no es más que el resultado y consecuencia de la montaña de arena desatada tras el cierre de Canal 9 la pasada semana, un acontecimiento que puso en pie de guerra a los trabajadores y les llenó de valor para seguir emitiendo y desarrollando su actividad sin que nadie se lo ordenase. Hecho que recuerda a la -¿heroica?- iniciativa acometida en el pasado por los empleados de la televisión pública griega cuando se encontraban en una posición similar y aún así decidieron seguir emitiendo por su cuenta y bajo su propia responsabilidad.
El Partido Popular ha estado engañando, mintiendo y manipulando durante muchos años en el Gobierno Valenciano para transformar los medios de comunicación de servicio público en un instrumento al servicio del poder político. Carlos Fabra ha hecho lo que mejor sabe, irse por las ramas y poner excusas propias del sainete para justificar lo injustificable, haciendo gala de una hipocresía que ya es una seña de identidad en nuestra clase política. Bien cierto es que los informativos del canal discriminaron en su día al resto de formaciones políticas y ocultaron algunos temas que resultaban conflicitivos, del mismo modo que ocurrió la pasada década en la Telemadrid de Esperanza Aguirre, periodo en el cual su salud financiera mutó a un estado quizá aún más cochambroso.
Pero no menos cierto es que los trabajadores tienen su parte de responsabilidad. Al menos si recuerdan los principios individuales por los que decidieron ejercer esa profesión. En un sector tan devaluado a día de hoy, es imposible que podamos confiar en ellos como resultado de su labor. Aunque no sean plenamente responsables, aunque haya instituciones y poderes por encima suya. Ellos tienen parte de la culpa por echar mano de su ética profesional solo cuando se quedan sin trabajo, en el único momento en el que parece que nuestros derechos y libertades realmente nos importan un poco. Son parte del problema, una de las razones por las que a día de hoy no podemos confiar en una televisión pública que nos informe y esté a nuestro servicio como ciudadanos.
El hundimiento de esta corporación ha servido para poner en tela de juicio la gestión de otras autonómicas. Cada una afrontará los presupuesto de 2014 de diferentes maneras, pero siempre bajo la amenaza de encontrarse en el punto de mira. TV3 será la única para la que aumente la subvención, mientras que en Canal Sur, Telemadrid, Televisión de Galicia o Castilla La Mancha se reducirá. Preocupante es el hecho de que, sin ir más lejos, en un caso como el gallego se haya comprobado que la misma calidad informativa podría realizarse con la mitad de presupuesto, y en cambio es en este donde la partida presupuestaria solo se reducirá un 4% con respecto al presente año. Que la desafortunada situación de Canal 9 no caiga en saco roto, que sirva como toque de queda para apretarse el cinturón y empezar a gastar una cantidad moderada en una programación austera y al servicio de los que la pagamos.
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